Estudiar con adaptaciones, aprobar y no titular, un callejón sin salida
https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/07/04/
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León reconoce, en una sentencia pionera, que no dar la posibilidad de
titular la ESO a una alumna con discapacidad intelectual supone una
vulneración de sus derechos fundamentales.
Irene González Magdaleno tiene síndrome de Down, además
de otros problemas de salud asociados (problemas de visión, escoliosis)
que elevan su grado de discapacidad por encima del 65%. Pero también, a
lo largo de sus 20 años, ha tenido unas ganas enormes de aprender y de
vivir, y por eso ha sido siempre una excelente estudiante. Durante toda
la escolaridad obligatoria, en Cuéllar (Segovia), casi siempre sacó
notables y sobresalientes, pero al acabar 4º de la ESO en su instituto
le comunicaron que no iba a graduar. La razón que le dieron: esas buenas
notas se debían al hecho de que había cursado algunas asignaturas con
adaptaciones curriculares significativas y que, por tanto, no daba el
nivel.
Para Irene el título de la ESO no es un capricho ni un trofeo con el
que decorar la pared, sino que lo necesita para acceder a la que le
gustaría que fuera su próxima etapa formativa, un grado medio de
administración. Pero para acceder a un ciclo formativo necesita la ESO
y, como no la tiene, ahora mismo está cursando una FP Básica de
electricidad, que es la única oferta formativa para esta etapa de
formación postobligatoria que tenía a su alcance en Cuéllar. «Este año
lo ha cursado todo sin adaptaciones y ha aprobado todas las materias
troncales», añade su madre, Chus Magdaleno. Irene sabe que jamás será
electricista, pero sigue demostrando que le gusta estudiar.
La perversión del sistema
Cuando los padres de Irene supieron de la negativa del
centro a concederle el graduado le respondieron lanzándole un órdago:
“Si el problema son las adaptaciones curriculares significativas, pues
que repita el curso con adaptaciones curriculares no significativas”.
Pero la dirección se negó. Entonces la familia recurrió a la dirección
provincial de Educación, que avaló la decisión del centro, y a partir de
aquí se inició el litigio judicial que la semana pasada desembocó en
una sentencia pionera de la sala del contencioso administrativo del TSJ
de Castilla y León. Según la sentencia, la decisión de no permitirle
realizar la ESO por su cuenta supone una vulneración de los derechos de
la estudiante y una discriminación, y el hecho de que las adaptaciones
sean un impedimento para obtener el título es una perversión del
sistema.
«La Administración –apunta la sentencia 172/2019, de 24 de junio de
2019– al concluir que, pese a que se aprobaron todas las asignaturas con
adaptaciones curriculares significativas, no se habían alcanzado las
competencias básicas y objetivos de la etapa, convirtiéndose dichas
adaptaciones, al no haberse permitido la renuncia a las mismas, en un
obstáculo o limitación para dicha titulación, es por lo que dichas
adaptaciones han venido a significar de facto una discriminación que ha
impedido a la alumna alcanzar los objetivos y la titulación
correspondiente a dicha etapa, por lo que se ha de convenir que con ello
se provocan unos efectos perversos de las citadas adaptaciones
curriculares que
se han convertido no en una medida para obtener una educación inclusiva».
se han convertido no en una medida para obtener una educación inclusiva».
Así, el tribunal confirma la posición de la fiscalía, que
en este asunto se puso del lado de la familia. “La fiscal hizo un
informe demoledor, en el que venía a decir que si la permites estudiar
con adaptaciones y no titulas, y luego no la permites estudiar sin
adaptaciones la estás abocando a un callejón sin salida porque no va a
conseguir el título haga lo que haga”, recuerda Magdaleno.
Camino del Supremo
¿Significa esto que, según el tribunal, las adaptaciones curriculares
no deben ser un impedimento para la titulación?, ¿o significa que la
vulneración de derechos se produce solamente porque no se le permite
repetir curso sin adaptaciones? “Hemos pedido varias aclaraciones sobre
la ejecución de la sentencia, el tribunal confirma que se ha vulnerado
un derecho pero no cómo se repara el daño causado”, comenta Magdaleno.
Con todo, es bastante probable que el asunto acabe en el Tribunal
Supremo, bien sea porque la dirección provincial presente recurso o
porque lo haga la familia, puesto que había pedido que el tribunal se
pronunciase directamente a favor de la concesión del título y en este
punto falla en su contra.
La sentencia establece que la resolución de la Consejería no es
conforme a derecho, por vulneración del derecho fundamental a la
educación en igualdad de condiciones, pero la pretensión última de
Magdaleno es que la Justicia reconozca sin ambages lo que establece el
artículo 22.7 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y que sigue vigente
ya que no fue derogado por la LOMCE: “Las medidas de atención a la
diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la consecución
de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de
todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación
que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente”.
La advertencia de Naciones Unidas
De hecho, uno de los puntos del informe elaborado hace un par de años por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas,
en relación al cumplimiento por parte de España de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, era
precisamente el de la titulación. Entre muchas otras críticas y aspectos
que mejorar, el Comité no dudaba en calificar de injusto que en España
se permita que muchos alumnos que finalizan la ESO con adaptaciones
curriculares “no obtengan la misma titulación que sus compañeros”.
En este sentido, hace unos meses unos padres de Sant Boi (Barcelona) con una problemática similar iniciaron una recogida de firmas a través de change.org
para que el Gobierno apruebe una legislación que reconozca el título de
la ESO adaptado. Llevan casi 140.000 firmas, pero el parón electoral
abortó la interlocución que se había abierto con el Ejecutivo a finales
de 2018. Según explica Joan Cabezas, el padre promotor de esta
iniciativa, en las últimas semanas han recibido una carta del Defensor
del Pueblo en la que les confirman que la legislación no prevé este
título pero que el Gobierno en funciones prevé una modificación
legislativa para hacerlo posible.
“Irene quiere estudiar, le apasiona estudiar y le dedica mucho
tiempo”, subraya su madre, Chus Magdaleno. “A pesar de tener una
discapacidad –añade–, Irene nunca ha ido a una escuela a calentar la
silla, sino que va a aprender, a participar y a convivir, como el resto
de los alumnos, y por supuesto a obtener lo mismo que el resto cuando se
aprueban unos exámenes”.
“¿O sea que ya puedo estudiar para ser administrativa?”, le preguntó
Irene a su madre cuando le explicó que había salido la sentencia.
“Todavía no”, le contestó Chus. “Y entonces… ¿de qué me sirve ganar?”.
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